Hasta ahora en Veracruz hay respeto oficial a la prensa

Prosa Aprisa/Por Arturo Reyes Isidoro.

En conferencia de prensa ayer en Acapulco, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que por instrucciones del presidente Peña Nieto este miércoles se reunirá con los gobernadores a efecto de tomar medidas conjuntas para garantizar el trabajo periodístico en todo el país.
El hidalguense dijo algo obvio pero lo cual sólo ellos, el Gobierno Federal, no le habían dado importancia: que ante las agresiones a los periodistas no bastan las palabras y que lo que se requiere es que el Estado dé una respuesta que acabe con la impunidad de los agresores contra el gremio.
Osorio subrayó la necesidad de que los órdenes de Gobierno actúen juntos en el tema para asegurar que en todo el territorio nacional, sin excepción, los periodistas puedan realizar su labor con seguridad y con libertad. “Habremos de trabajar junto con las entidades, para garantizar las condiciones que requieren el desempeño de su importante labor”.
Aunque ya es un poco tarde porque por la negligencia oficial han sido asesinados ya muchos periodistas, de todos modos no está por demás porque el riesgo sigue latente y las condiciones para realizar el trabajo periodístico en varios estados siguen siendo las peores y muy riesgosas.
En Veracruz, tiene que reconocerse, a pesar de que han continuado los ataques y ha habido víctimas mortales (esperemos que sean las menos o que ya no ocurra una más), al menos cesó el acoso oficial con el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en comparación con el de Javier Duarte de Ochoa.
En este espacio he publicado ya que entre los viejos políticos y los viejos periodistas, o al menos entre los contemporáneos de Yunes, había el temor de que al asumir el poder, el nuevo gobernador fuera intolerante en grado mayor con la prensa crítica, temor que se fundaba en su actuación como Secretario General de Gobierno en la administración de Patricio Chirinos.
Pero al menos hasta ahora –y hasta donde alcanzo a tener información en el Estado– ha resultado una verdadera sorpresa, buena por cuanto ninguno de nosotros ha sido amenazado, agredido o amagado por ejercer un periodismo no complaciente, no aplaudidor, no lisonjero, sino crítico, de cuestionamiento y de señalamiento hacia su gobierno o hacia su persona, lo que además se acentuó en muchos casos, en la mayoría, por su política de no establecer ningún tipo de acuerdo que implicara algún pago con recursos públicos, lo que a muchos afectados molestó y de repente se volvieron críticos.
En sus primeros años, y en la medida en que se fueron sintiendo con poder, en el gobierno de Javier Duarte se volvieron intolerantes y no aceptaban la menor crítica, de tal forma que a los que no pudieron controlar con jugosos convenios los acosaron empezando por lograr que fueran despedidos de sus centros de trabajo o tomando otro tipo de represalias.
Así, cuando no fue la delincuencia organizada la que victimó a varios de mis compañeros, fue el mismo gobierno el que los afectó, creando un muy mal ambiente y un escenario en el que al no ser castigado ningún agresor nos volvimos blanco de ataques diversos al tener la seguridad los agresores de que no sufrirían alguna consecuencia.
Insisto, a menos que mis compañeros me hagan ver que estoy en un error, el nuevo gobierno no ha pedido el despido de alguno, no ha amenazado, no ha agredido o no ha tomado otro tipo de represalias, y hasta ahora ha aguantado vara ante tanto señalamiento y crítica que recibe a diario.
Ni a él ni a alguna otra autoridad se le debe ni se le puede agradecer tolerancia, porque el ejercicio del periodismo, que conlleva el derecho a la libertad de expresión y de prensa, está garantizado constitucionalmente y no lo ha ejercido ni lo ejerce quien no quiere o porque no le conviene.
Desde un principio, desde antes de que asumiera funciones, el gobernador fue claro con respecto a su relación con la prensa. Dijo que la respetaría, que no habría más convenios o acuerdos que implicaran algún pago, pidió que los periodistas hicieran su trabajo, e incluso su administración redujo la emisión de boletines de prensa al mínimo indispensable con lo que acabó con la uniformidad informativa.
En mi experiencia, por menos de lo que he señalado del actual gobierno en la administración de Javier Duarte sufrí las consecuencias. En mi caso vivo la diferencia y reconozco que hasta ahora ni del propio gobernador ni de algún personero suyo he recibido algún mensaje para que deje de decir las cosas tal como las vivo, las veo o las percibo.
Pero, además, lector profesional de medios que soy, producto de tantos años en el oficio, también veo a diario el contenido de medios escritos y digitales y me complace ver la libertad informativa con la que se conducen, por lo que los veracruzanos estamos viviendo un nuevo periodismo, plural, independiente, con apego a la verdad, ético, más profesional en términos generales.
No sé si Miguel Ángel Yunes Linares así lo pensó, pero no tengo duda de que alentar y practicar este ejercicio periodístico es el mejor cimiento para una mejor democracia, para fortalecer y consolidar la que hemos tenido. Lectores mejor y bien informados serán mejores ciudadanos.
No sé si el gobernador lea medios, si le de tiempo para hacerlo o si alguien le informa lo que se publica y se dice de él y de su gobierno. Pero no quisiera atribuir a este detalle su comportamiento con la prensa, por lo menos hasta ahora. Ojalá y su conducta como gobernante se deba a una decisión razonada que tenga como objetivo mejorar en todos los renglones la vida pública de Veracruz.
Creo que en este nuevo tiempo en Veracruz no hace periodismo independiente, crítico, quien no quiere.
Ojalá y a su respeto por la prensa el gobernador Yunes Linares asuma con toda decisión política los acuerdos que este miércoles se tomen tanto para proteger a los periodistas como para garantizar las condiciones favorables para el desempeño de su trabajo.

Tenso ambiente en el Congreso local
Aunque el ambiente que prevaleció ayer en el Congreso local parecía de calma, en realidad guardaba un buen grado de tensión tanto que se pensó que cualquier chispa incendiaría la sesión ordinaria que tuvo lugar.
Pero entraron los bomberos políticos en acción y lograron desactivar, por el momento, dos bombas que estaban quemando ya la relación de los panistas con las demás bancadas.
Así, se pasó para el inicio de la próxima semana el tema del juicio político contra el fiscal Jorge Winckler Ortiz y, ahora, la solicitud del alcalde con licencia de Perote, Paúl Martínez Marié, para que se revoque la licencia con carácter de definitiva que presentó para separarse del cargo y que le fue aprobada, de tal forma que pueda volver a la silla municipal.
Pero trascendió el verdadero motivo de su urgencia: cuando se fue del Palacio Municipal dejó un faltante de 12 millones de pesos, que no ha podido comprobar, aunque pensó que su suplente Miguel Sebastián Taboada Ortiz lo iba a cubrir. Pero resulta que no fue así y ahora el tiempo corre y quiere ver cómo cubre el faltante, aunque se sabe que toda la oposición en el Congreso no le aprobará su petición.
Desde ahora hay ya curiosidad por ver cuál será la actitud de la diputación panista, aliada de un gobierno que supuestamente pretende acabar con la corrupción y la impunidad, aunque ayer había la sospecha que la bancada blanquiazul quiere ayudar al mal munícipe a quien su gobierno cobijó como funcionario en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Ayer, antes de despedirse, los líderes de las bancadas de Morena, PRI, PRD, Verde y Juntos por Veracruz acordaron verse en alguna cancha cuya ubicación no revelaron, para practicar la defensa, la contensión y el ataque con miras a la reunión previa de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el lunes y la sesión del próximo martes.
A quien se extrañó en la sesión de ayer fue al presidente de la Jucopo, Sergio Hernández. Pero su ausencia no se debió a algún tema candente, no. Lo que pasó fue que se estrenó de nuevo como papá, ahora de una hermosa bebita, Camila, lo que lo llenó de contento y alegría a grado tal que envió chocolates parejo para todos los diputados de todos los partidos.